La Asociación Latinoamericana de Abogacías y Procuradurías de Estado (ALAP) fue fundada el 7 de marzo de 2018 en la ciudad de Brasilia, República Federativa de Brasil, como un mecanismo internacional de cooperación interinstitucional destinado a fortalecer los lazos de solidaridad y coordinación entre sus miembros, compartir experiencias y buenas prácticas en la defensa jurídica pública, fomentar el intercambio de conocimiento técnico y contribuir al desarrollo de capacidades institucionales que garanticen la protección del interés público, el patrimonio estatal y la soberanía de los países de la región.
Los Estados que participaron en su fundación fueron: el Estado Plurinacional de Bolivia, la República Federativa de Brasil, la República de Chile, la República de Colombia, la República del Ecuador, la República de Guatemala, la República de Honduras, la República de Panamá, la República del Paraguay y la República del Perú. En 2022, se incorporó la República de Costa Rica, y en 2025 se sumaron la República Argentina y la República de El Salvador, además del Reino de España como país invitado especial.